DERECHOS HUMANOSRECIENTESVIDEOS

Plataforma Infancias y Adolescencias reclama respuestas tras el asesinato de Jonathan Correa: “No bastan diagnósticos; las acciones son urgentes”

La muerte de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años asesinado tras años de violencia doméstica, continúa generando conmoción y cuestionamientos en distintos ámbitos de la sociedad. En las últimas horas, la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) se pronunció públicamente y reclamó respuestas concretas del Estado, señalando que la situación de niñas, niños y adolescentes en Uruguay constituye una “emergencia nacional”.

Jonathan era estudiante de la UTU de Flor de Maroñas. Allí, docentes habían advertido la situación de violencia que atravesaba el joven y el año pasado presentaron una denuncia contra su padre ante la Justicia. Sin embargo, el trámite no avanzó.

Según se informó, la denuncia fue derivada al fiscal de Violencia Doméstica de 2º turno, Luis Pacheco, quien solicitó a la Policía que interrogara a la madre del adolescente y que se informara al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Posteriormente el caso pasó al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía, pero nunca fue asignado a un fiscal.

Por su parte, desde el INAU se indicó que existía una instrucción de Fiscalía para comunicar la denuncia al organismo, pero esa notificación nunca llegó.

Para la Plataforma Infancias y Adolescencias, este encadenamiento de fallas expone con crudeza la falta de articulación entre instituciones y las debilidades del sistema de protección.

En un comunicado titulado “Ni cifras ni diagnósticos: las acciones son urgentes”, la organización señala que el asesinato de Jonathan vuelve a poner frente a la sociedad una realidad que no puede seguir ignorándose.

“Este hecho, que conmueve y duele, vuelve a poner frente a nuestros ojos una realidad que como sociedad no podemos seguir tolerando: niñas, niños y adolescentes que crecen en contextos de violencia, vulneración de derechos y desprotección”.

Para la plataforma, el caso obliga a revisar cómo responde el Estado ante la violencia hacia la infancia y la adolescencia, cómo se garantiza el acceso a la Justicia y qué mecanismos existen para intervenir a tiempo antes de que la violencia termine en tragedia.

La organización sostiene que no alcanza con diagnósticos ni con acumular datos. Reclama decisiones políticas firmes que permitan:

  • priorizar a la infancia en las políticas públicas,
  • readecuar el sistema de protección para que funcione de forma articulada en todo el territorio,
  • asegurar recursos para la prevención de la violencia en hogares, comunidades e instituciones,
  • y mejorar la coordinación entre los organismos responsables de garantizar derechos.

Según PIAS, las respuestas del Estado no pueden seguir siendo fragmentadas ni tardías.

“Uruguay necesita asumir la situación de las infancias y adolescencias como una prioridad nacional”, señala el comunicado.

Al mismo tiempo, la plataforma reafirmó su disposición a colaborar en la construcción de soluciones, recordando que las organizaciones que trabajan diariamente con niñas, niños y adolescentes conocen de cerca sus realidades y necesidades.

Mientras tanto, la pregunta sigue resonando con fuerza en barrios, centros educativos y espacios comunitarios:

¿Cuántas señales más deberán aparecer para que el sistema reaccione a tiempo?

La muerte de Jonathan no es sólo una tragedia individual.
Es también un llamado urgente a mirar de frente una realidad que exige respuestas, compromiso y acción.